Los diputados del Frente Renovador exigieron al Gobierno tratar el proyecto de Código Penal presentado por Sergio Massa hace tres años, que elimina las salidas anticipadas y contempla la posibilidad de internar a los violadores después de cumplir su condena.

"Estamos planteando definiciones muy claras en temas que el Gobierno nacional viene ignorando desde hace 3 años y que requieren una solución ya. No se puede seguir jugando a títulos en los diarios que después terminan en la nada y terminan dañando la credibilidad de las instituciones de la Argentina, en este caso el Congreso", sostuvo Massa en declaraciones radiales, replicadas en la tarde por sus diputados en una conferencia de prensa brindada en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, que se abrió por primera vez en el año.

"Vamos a trabajar este año intensamente para que estas leyes vean la luz y los ciudadanos cuenten con un código penal que realmente los proteja, que no solo haga apología de la defensa del victimario, sino que fundamentalmente contemple a la víctima", se presentó Graciela Camaño, jefa de la bancada, rodeada de sus pares,  Diego Gorgal y el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, asesores de Massa en temas de seguridad y justicia.

El Gobierno tiene listo un proyecto de Código Penal, redactado por una comisión asesora, pero aún no quiso enviarlo por temor a reactivar la disputa sobre el aborto en plena campaña electoral. 

El Código massista elimina el artículo 13 del actual, que permite libertades condicionales con requisitos como haber cumplido dos tercios de la pena. "Establecemos un durísimo sistema de reincidencia. Confirmamos tres veces la condena y la próxima es indeterminada. No puede haber en la calle caminando gente que tenga robos en su haber", se indignó Gutiérrez.

Proponen una pena máxima de 50 años pero contempla la posibilidad de ampliarla para violadores y psicópatas consideraros irrecuperables. "Es un sistema traído de España y permite que el juez contempla una internación post condena. ¡Nos animamos a incorporar la figura de irrecuperable!", se exaltó el diputado.

El massismo también presentó un Régimen Penal juvenil mucho más duro que el redactado por Ricardo Gil Lavedra a pedido del Gobierno, con una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años.

"Nosotros la bajamos a 14 años y es lo más racional: Uruguay tiene 13 y Venezuela 12. El Gobierno plantea un régimen de algodón para que no se paspen y fomenta la carrera delincuencial de los menores, porque si vienen con antecedentes, se los borran", detalló Gutiérrez.

El Código Penal vigente fue sancionado en 1921 y remachado por centenares de leyes. Massa presentó el suyo durante la campaña presidencial, el Gobierno de Macri nunca lo consideró, ordenó a una comisión asesora redactar uno propio pero no se anima a enviarlo por temor a agitar el debate sobre el aborto. Desde agosto, Germán Garavano canceló varias conferencias para anunciarlo. 

"No tenemos ningún problema en debatir el aborto. De la misma manera que debatimos la penalidad en el consumo de drogas. Tenemos que ver que es lo que decide la mayoría de los diputados y senadores", se escapó Camaño, ante una consulta de LPO.

El Frente Renovador votó dividido el proyecto de interrupción legal del embarazo, con Camaño y Carla Pitiot liderando el rechazo y Cecilia Moreau al frente de la bandera verde, respaldada desde afuera por Malena Galmarini, la esposa de Massa. 

La pelea por el aborto en el Congreso podría arruinar el nuevo Código Penal 

Sin embargo, el proyecto de su marido mantiene la pena de hasta 4 años de prisión para las mujeres que interrumpan el embarazo, como rige en el Código actual. En el borrador que dejó trascender el Gobierno reduce el máximo de la pena a sólo 3 años, para que sea excarcelable, motivo de furia de los celestes.

Gutiérrez también anticipó que no suavizarán las penas por tenencia de drogas por encima de lo establecido en el fallo de la Corte Suprema, que contempló especialmente los casos de consumo personal.

Gorgal, que no se quedó para responder preguntas, sostuvo que el Gobierno no bajó las tasas de homicidio ni redujo el tráfico de drogas como suele adjudicarse Patricia Bullrich. "Por cada homicidio doloso hay 2.5 asesinatos de muerte indeterminada, la cifra más grande del continente junto a Venezuela", relativizó el ex ministro bonaerense.

Y recordó que los tres países productores de cocaína, Perú, Colombia y Bolivia, duplicaron su producción desde 2014 y por lo tanto una mayor incautación no es una buena noticia.